clausulas suelo

La banca aguarda expectante el fallo que podría acabar con la cláusula suelo

Madrid, 24 oct (EFE).- Desde hace tres meses, la banca aguarda con expectación la respuesta que debe dar la juez de lo Mercantil número 11 de Madrid a la macrodemanda interpuesta por 15.000 afectados por las cláusulas suelo, aunque muy consciente de que son muchas las posibilidades de que finalmente decida eliminarlas.

El pasado 24 de junio quedaba visto para sentencia el procedimiento abierto en 2010 a raíz de la demanda formulada por Adicae, que inicialmente se dirigió contra 101 entidades bancarias, que después quedaron en 35 fruto de los procesos de fusión.

De ellas, BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia -hoy rebautizada como Abanca- y, posteriormente, Banesto y Barclays, dejaron de aplicar esta cláusula que impide a los hipotecados beneficiarse íntegramente de las rebajas del euríbor tras la sentencia del Supremo de 9 de mayo de 2013, que anuló todas aquellas que no cumplieran con los requisitos de transparencia.

Otro ejemplo reciente es Bankia, que ya ha eliminado este suelo en unas 30.000 hipotecas, lo que para la entidad no supone «un gran impacto», ya que solo representan entre un 3 % y un 4 % de su cartera de préstamos hipotecarios.

Las partes esperan de forma inminente un fallo, conscientes de que la juez Carmen González, que recientemente tumbó todos los recursos presentados por la banca contra el auto en el que rechazó varias cuestiones procesales planteados por los demandados, decida con casi toda probabilidad eliminarlas.

De hecho, CaixaBank ya se ha adelantado al pronunciamiento de la magistrada y anunció el viernes que erradicará todas las cláusulas suelo de los contratos de sus clientes particulares, una decisión que afectará a unas 200.000 de las 1,3 millones de hipotecas que tiene activas.

Por el contrario, otras entidades como Popular o Sabadell se resisten a hacerlo, al igual que otros bancos de menor tamaño como BMN, Ibercaja o Unicaja.

Ahora, la gran duda radica en si, una vez eliminadas, las entidades deberán devolver con carácter retroactivo todas las cantidades que han cobrado de más y no desde el día en el que el Supremo dictó su famosa sentencia, tal y como el Alto Tribunal especificó en una aclaración a la misma el pasado mayo.

Y es que desde entonces, los tribunales españoles han fallado de manera muy dispar, de forma que algunos han ordenado la restitución de todo el dinero desde la firma misma del contrato, aunque fuese anterior al 9 de mayo de 2013, y otros se han ajustado al criterio del Supremo.

Tal ha sido la controversia que el asunto está ya en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que varias Audiencias Provinciales, como la de Alicante, Álava o Zamora, han consultado para que se pronuncie con celeridad si los afectados deben recuperar todo o parte de su dinero.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe se muestran optimistas con la decisión que debe tomar la Justicia Europea, y sostienen que dada la normativa comunitaria y la propia doctrina del TJUE en materia de protección de los consumidores, declarará la retroactividad.

BANCO SANTANDER MULTADO

Banco Santander multado por decisión de Tribunal Supremo

El banco español Santander fue multado este miércoles con un millón de euros (1,1 millones de dólares) por incumplimiento de las leyes respecto al lavado de dinero y financiación del terrorismo, además de intentar retrasar la denuncia de las autoridades competentes.

En consejo de ministros había aprobado la multa contra el mayor banco de la zona euro, por capitalización bursátil, por una «falta muy grave», constatada por el Tribunal Supremo de España. La institución bancaria pidió que la publicación de esta medida cautelar no fuera hecha hasta conocerse el resultado de su apelación.

Un mensaje oficial reza: «la representación procesal de la sociedad Banco Santander SA, interpuso con fecha 31 de julio de 2015 el presente recurso contencioso-administrativo (…) contra el Acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de junio de 2015, por el que se resuelve el expediente sancionador incoado a dicha entidad, imponiéndole una multa de un millón de euros y amonestación pública, como responsable de una infracción muy grave, prevista y sancionada por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo».

Esta medida habría sido tomada en aras de la transparencia y por el efecto negativo sobre la imagen de la banca.