LOS SWAPS SE PUEDEN RECLAMAR. PLAZO 15 AÑOS

E. Sanz
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09.04.2018 – 14:51 H.

No son tan numerosos como los afectados por las cláusulas suelo, pero también fueron víctimas de los abusos bancarios. Hablamos de quienes entre 2007 y 2008 —fundamentalmente— contrataron junto a su hipoteca un producto que la banca les ‘vendió’ como un seguro para cubrirse ante las fluctuaciones de los tipos de interés pero que, a la larga, les provocó importantes desembolsos económicos.

Se trataba de ‘swaps’ hipotecarios, un complejo producto financiero que muchos clientes se vieron obligados a contratar para poder conseguir una hipoteca, y que fue comercializado se manera generalizada en los años previos a la caída en picado del euríbor, que se produjo a partir de 2009.

Muchos de ellos descubrieron el engaño cuando los tipos de interés cayeron a plomo y comenzaron a recibir en sus cuentas bancarias los recibos con las pérdidas ocasionadas por la contratación de estos productos. A partir de aquel momento, en plena crisis financiera y económica, muchos afectados decidieron llevar a las entidades financieras ante los tribunales.

Unos fueron contra ellas alegando la vulneración de las condiciones generales de la contratación —el producto no fue negociado sino impuesto por el banco como condición obligatoria para conceder la hipoteca— o por publicidad engañosa. Otros buscaron amparo en la Ley de Consumidores y Usuarios, mientras que la práctica totalidad de las reclamaciones argumentó una incorrecta comercialización del ‘swap’ que se fundaba en un error o vicio en el consentimiento del cliente.

Esta acción, hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018, caducaba a los cuatro años desde que el cliente descubría el abuso bancario. Tras la sentencia del Supremo, los cuatro años comienzan a contar desde la extinción del contrato firmado con el banco y no desde su firma o desde que el cliente se dio cuenta del abuso. Es decir, se desmontaba el argumento de que advertir el abuso marcaba el inicio del plazo de prescripción de las acciones judiciales para dar paso a que el cómputo del plazo de ejercicio de la acción empieza a correr desde la consumación del contrato.

“Generalmente, estos productos se firmaban por cuatro o cinco años”, explica a El Confidencial Santiago Dupuy de Lome, abogado de Sala & Serra, quien reconoce que aunque muchas de las acciones ya habrían caducado si tenemos en cuenta que se comercializaron fundamentalmente entre 2007 y 2008, las últimas resoluciones judiciales abren la puerta a nuevas reclamaciones alegando daños y perjuicios y no vicio en el consentimiento, como se había hecho de manera mayoritaria hasta ahora.

“Algunos juzgados y tribunales han dictado resoluciones que podrían permitir a quienes en su día suscribieron un ‘swap’ solicitar al banco una indemnización por daños y perjuicios. Esta acción, que también va por la vía civil, se encuentra sujeta al plazo general de prescripción de las acciones, hasta 2015, de 15 años, y desde entonces, de cinco”, añade Dupuy de Lome, quien sostiene que prácticamente todos los afectados que aún no hayan recurrido tienen hasta octubre de 2020 para hacerlo. Este experto recuerda, además, que muchas pymes también se han visto afectadas por los ‘swaps’ y tienen las mismas herramientas legales que los consumidores para recuperar lo pagado por ellos.

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Recuperar tu dinero es posible. Tienes hasta OCTUBRE DE 2016 para iniciar tu reclamación de valores del banco Santander. Trabajamos a éxito por lo que sólo cobramos si cobras tu indemnización.

  • ¿Qué son los valores Santander?

Los valores del Santander son un producto financiero que se comercializó desde septiembre de 2007 y que tenían un vencimiento hasta el 4 de octubre de 2012. Su naturaleza era la de una obligación o contracto por el cual se invertía un principal con la condición de convertirse en acciones del Banco Santander a un precio fijado en su contratación. El cliente no contrata un bono o un plazo fijo simple por el cual se ofrece un 7,5% de interés T.A.E. fijo y después una remuneración de Euribor +2,75, como “aparentemente decía su publicidad”. Lo que se contrata es una compra de acciones a futuro al valor de la acción en el momento de la conversión.

  • ¿Por qué los valores Santander son reclamables?

Si te vendieron valores Santander como un simple depósito a plazo fijo o como una inversión en la que te aseguraban el valor de lo invertido, se puede declarar la nulidad del contrato. Pues no son un depósito, ni un plazo fijo. Son un producto de alto riesgo que, de no superar los test de conveniencia e idoneidad suponen la nulidad de la compra.

  • ¿Quién puede reclamar, hasta cuándo y cómo?

Cualquier persona física o jurídica que suscribiera valores del Santander desde el año 2007 puede reclamar. El plazo máximo para reclamar es de 4 años desde el canje de los valores por acciones del Santander (que tuvo lugar en octubre del 2012), es decir, hasta octubre de 2016. Debido a que no existe la posibilidad de mediar con el banco ni la opción de intentar algún tipo de demanda previa, la única vía de reclamación es la judicial.

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Desde APYMAD solicitamos la nulidad del contrato de compra de Valores del Santander, por lo que la consecuencia inmediata es la restitución mutua de los efectos del contrato.

Así pues, la reclamación supondrá:

    • La devolución de la cantidad invertida.
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    • Lucro cesante.
  • ¿Qué ocurrió tras el vencimiento del producto?

El precio de canje final de los valores de Santander es de 12,96€/acción, cuando actualmente el valor cotiza a 6€/acción, lo que quiere decir que el suscriptor es convertido en accionista, el cual coloca acciones a un precio mucho mayor que el de mercado.

Ejemplo:

Inversión Inicial 10.000 €
Valor de Emisión 12,96 €/a
Total acciones adquiridas 772 acc.
Valor actual acción 6,003 €/a
Valor de la inversión 4.631,95 €
Perdida en la inversión -5.368,06 €
Rentabilidad de la inversión -53,68%

 

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Porque te vendieron las preferentes sin la información correcta de los riesgos relacionados con este producto.

Nuestra estrategia es solicitar al juez la nulidad del contrato de adquisición de participaciones preferentes o deuda subordinada por vicio en el consentimiento con la devolución en efectivo del dinero entregado. Subsidiariamente solicitamos la resolución del contrato por incumplimiento del mismo, con la solicitud de daños y perjuicios.

Esto significa pedir al juez que declare nulo el contrato, indicando que nunca existió porque el afectado de las participaciones de preferentes adquirió un producto sin conocer sus riesgos.

¿Qué cantidad se puede recuperar y cuál es el coste de la reclamación?

En APYMAD trabajamos para que nuestros clientes recuperen el 100% de cualquier cantidad invertida en preferentes más sus intereses.

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La justicia está del lado del consumidor, del ahorrador engañado. Los tribunales le dan la razón al preferentista.

 

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avalistas en los embargos hipotecarios

Publicado: 31.01.2016 17:57 |Actualizado: 31.01.2016 17:58

 

MADRID.- Un juzgado de primera instancia ha abierto la puerta para proteger a quienes avalan la firma de una hipoteca, al considerar que ningún bien de su propiedad puede ser embargado tras el impago por parte del titular del préstamo, con lo que se plantea el debate sobre la legitimación del fiador.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de primera instancia número 2 de Écija (Sevilla) ha resuelto a favor del fiador, comúnmente conocido como avalista, de una pareja impidiendo así el embargo de sus bienes y ha condenado a la entidad financiera a pagar las costas del proceso.

Esta resolución trata de aclarar las responsabilidades que contrae el fiador, una cuestión polémica puesto que, como advierte la juez en su escrito, la solución ofrecida por la jurisdicción “dista mucho de ser uniforme”.

Para el socio director del despacho de abogados Navas & Cusí Juan Ignacio Navas, el principal problema de los contratos hipotecarios en España es la existencia de una situación de desequilibrio, en la que el banco exige como garantía tanto el inmueble del prestatario como su garantía personal ilimitada.

De esta forma, “en caso de producirse una ejecución hipotecaria -explica a Efe Juan Ignacio Navas- el fiador no sólo perdería la vivienda sino que también sería perseguido de por vida por el importe no cubierto por el banco en la subasta”.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el tercer trimestre de 2015 se registraron alrededor de 11.500 ejecuciones hipotecarias instadas ante los tribunales, un 6,3 % menos que en el segundo trimestre de 2014.

Entre ellas, señala el letrado, “hay ejecuciones contra empresas, donde los socios o administradores deben responder personalmente de la deuda contraída, aunque la mayoría se produce sobre familiares directos del deudor hipotecario”.

Pese a los avances en la jurisdicción, Navas se muestra precavido, y considera que “todavía queda mucho por hacer” por el fiador, una figura que en la mayor parte de los casos es equiparada con el deudor pese a que no haya sido el beneficiario del préstamo.

En octubre de 2014, el Juzgado de lo mercantil número 1 de San Sebastián dictó una sentencia pionera en España por la que liberó a un matrimonio de las obligaciones de un préstamo hipotecario contraído por su hija, al estimar que el contrato imponía una renuncia de los derechos de excusión, división, orden y extinción, inherentes al fiador solidario como recoge el Código Civil.

El socio director del bufete, especializado en derecho financiero y bancario, defiende estos beneficios que protegen al fiador y a sus bienes, los cuales “sólo podrán ser reclamados tras agotarse las acciones contra el deudor principal”, y recuerda que cada vez son más los tribunales que declaran la nulidad de la cláusula, en virtud de la directiva europea de protección a los consumidores.

“En estos procedimientos -señala Navas- el objetivo de la demanda es anular por abusiva la cláusula de renuncia a los derechos del fiador, que actualmente es impuesta por las entidades en más del 95 % de los casos”.

Navas reconoce también que el cambio en el artículo 685 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), en vigor desde octubre de 2015, evita la indefensión de los fiadores puesto que la cantidad reclamada en el proceso “no podrá ser aumentada en función de los intereses de demora devengados durante la tramitación”, como se venía haciendo hasta el momento.

En virtud de su experiencia, el despacho recomienda a los fiadores solidarios que “comprueben detenidamente las condiciones del contrato” prestando una especial atención a una posible renuncia de los beneficios de orden, excusión y división, en cuyo caso podría llegarse a solicitar la nulidad al tratarse de una cláusula abusiva.

¡QUE PUEDO HACER SI NO PUEDO PAGAR LA HIPOTECA?

publicado en cinco dias: http://cincodias.com/cincodias/2016/01/15/finanzas_personales/1452846906_140453.html

Se trata de una situación indeseable por todos, pero sobre todo por el hipotecado. Sin embargo, durante la crisis han sido muchos los que se han visto en esta situación. De hecho según la última estadística publicada por el INE sobre Ejecuciones Hipotecarias correspondiente al tercer trimestre de 2015 indica que el 59,8% de las ejecuciones que se iniciaron en ese trimestre corresponden a hipotecas que fueron constituidas entre 2005 y 2008, años de bonanza hipotecaria.

Sin embargo, esta misma estadística nos dio “buenas noticias” ya que las inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 32,9% en relación al trimestre anterior y un 17,8% respecto al mismo trimestre del año 2014.

De igual modo, esta es una situación peligrosa que deja al hipotecado en una situación más que vulnerable. Lo ideal es intentar por todos los medios posibles y al alcance no perder la vivienda y si no es posible, conseguir minimizar los daños resultantes de esta situación.

Prever la situación. Pau A. Monserrat, director editorial del portal iAhorro cree que el primer paso es prever si se va a dar una situación así. Es decir, si es posible prever que se van a tener problemas de este tipo y “acudir al banco, no hay que esconderse, siempre hay que acudir a nuestro director de banco y plantearle la situación, tiene que entender que queremos pagar pero que por alguna razón no podemos o que nos es difícil afrontar la cuota actual”.

 

¿Tengo algún seguro que cubra mi situación? Cuando se establece un préstamo hipotecario a menudo vienen aparejados algunos seguros con el objetivo de bonificar las condiciones de la hipoteca. El seguro de protección de pagos es uno de los que puede que estén contratados o al menos que aparezca como cobertura en el seguro de vida que es habitual (que no obligatorio). Conviene comprobar si existe o no y en qué condiciones porque es frecuente que el seguro de protección de pagos pueda cubrir las cuotas durante un determinado tiempo, normalmente un año.

La negociación. Será el siguiente paso, acudir a la sucursal como bien apunta Monserrat, con la intención de solicitar al banco soluciones. ¿Qué opciones tenemos?

  • Ampliar el plazo de devolución. Entra en juego un factor esencial que es a qué plazo tenemos ya la hipoteca, porque en caso de que la hipoteca ya esté fijada en un plazo de 35-40 años, la entidad no accederá a su ampliación. En caso de que no sea así, según Pau A. Monserrat, es posible ampliar el plazo de amortización y conseguir reducir la cuota mensual hasta un 25%. Es importante decir que ampliando el plazo se consigue reducir la cuota mensual pero que se generan más intereses a los que habrá que hacer frente ya que el periodo de devolución es mayor. Esta operación será una novación hipotecaria.
  • Conseguir un periodo de carencia de capitales. Esta solución consiste en negociar con el banco pagar solamente intereses durante un tiempo y no amortizar deuda. Aquí el experto Monserrat indica que las cuotas pueden reducirse hasta un 50%, eso sí, dependiendo del tipo de interés que se esté pagando. Digamos que es una solución indicada para un tiempo determinado. El capital se va acumulando y cuando la situación mejore, se vuelve a pagar capital como se venía haciendo habitualmente. Es una solución con la que poder esquivar el problema mayor que es la ejecución hipotecaria.
  • ¿Dación en pago? Es quizá el último paso antes de una ejecución hipotecaria. Una solución que evitaría seguir pagando una hipoteca de una vivienda que ya no posee. Se trata de que el banco acepte la entrega del inmueble como pago del préstamo hipotecario. Generalmente la banca ha sido contraria a esta solución, pero es viable y las entidades se comprometen a ella siempre y cuando esté adherida al Código de Buenas Prácticas, si se cumplen una serie de requisitos como por ejemplo ser deudor de buena fe y haber intentado llegar a un acuerdo de pagos con el banco, es decir, siempre que los mecanismos de reestructuración de deuda no hayan sido posibles.

Sentencia del TJUE sobre la legalidad del procedimiento de ejecución hipotecaria

14 marzo, 2013 | Por Autor: Fernando Gomá Lanzón en Administración de Justicia | Consumidores | Reales e hipotecario | Unión Europea

Hoy, día 14 de marzo, se ha dado a conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con el carácter de ajustado o no de algunos aspectos de la legislación española de ejecución hipotecaria, a la normativa europea sobre la materia.  La sentencia declara que efectivamente no está ajustada, pero no dice, como se ha titulado en diversos medios, que sea esencialmente ilegal o que el hecho del desahucio –que se pierda la propiedad y la posesión del inmueble por impago de la deuda hipotecaria- sea algo radicalmente injusto y contrario a la legislación europea. Es algo más matizado y complejo.

 

1.- Antecedentes

 

Mohammed Aziz firmó en 2007 un préstamo hipotecario con CatalunyaCaixa. No pudo pagar sus cuotas en 2008 y el banco interpuso un procedimiento de ejecución, de resultas del cual se adjudicó la entidad el inmueble por el 50% de su valor, y el deudor fue expulsado del mismo el 20 de enero de 2011.

 

No obstante, poco antes de ser expulsado, en otro juzgado diferente, el Mercantil 3 de Barcelona, había presentado una demanda declarativa alegando que ciertas cláusulas de la hipoteca tenían carácter abusivo, por lo que, argumentaba, la ejecución hipotecaria que estaba en marcha, la cual lógicamente se basaba en esas claúsulas, debería ser considerada nula si  ese carácter abusivo de dichas cláusulas era confirmado judicialmente.

 

El juez ante el que se presenta la demanda de nulidad, José María Fernández Seijo, observa que si finalmente se declarara que las cláusulas eran abusivas, en ese momento de bien poco le va a servir  a Mohammed Aziz, porque para cuando eso ocurriera, habrán pasado meses o incluso años desde que perdió la vivienda y ya casi le iba a dar igual. Por ello, duda de que la normativa española que permite este efecto sea conforme con la Directiva europea sobre cláusulas abusivas (93/13/CEE), y conforme a la LEC (arts. 681 y siguientes) formula por medio de auto una cuestión prejudicial, es decir pregunta al TJUE sobre esta cuestión y sobre algunas concretas cláusulas contractuales.

 

2.- El dictamen de la Abogado General Julianne Kokott

 

El 8 de noviembre de 2012, como es preceptivo, la Abogado General del TJUE emite un dictamen cuyas tesis han sido finalmente acogidas por el tribunal. A ese dictamen me referí en este post en el cual aclaraba, ante el barullo mediático que ya entonces se había formado, de qué estaba hablando exactamente en Kokott en ese documento:

 

“…un dictamen de  la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Juliane Kokott en relación con nuestro sistema de ejecución. Al informar del mismo se ha dicho en los medios españoles que el dictamen concluye que la normativa española de desahucios es ilegal. No es exactamente así, y ha de matizarse. En su dictamen de 8 de noviembre, la Abogado Kokott se plantea lo siguiente: la normativa de ejecución hipotecaria española es como un rodillo, puesta en marcha es prácticamente imparable, el deudor no tiene casi ninguna forma de pararla. Ahora bien, sigue diciendo, hay una normativa europea de protección al consumidor frente a posibles cláusulas abusivas en este tipo de contratos. Si hubiera una posible cláusula abusiva en un contrato de hipoteca, ¿podría el deudor español paralizar la ejecución? La respuesta que obtiene la Abogado, analizando nuestro ordenamiento, es negativa. No podría, tendría que ir a un declarativo posterior. Pero entonces, concluye la Abogado Juliane Kokott,  ya casi no le va a interesar en ese momento interponer el declarativo, porque para entonces ya habrá perdido la propiedad y posesión de la casa y casi le va a dar igual.

 

Por tanto, la Abogada General no opina específicamente que toda la legislación española de ejecución hipotecaria (incluido el desahucio) sea ilegal, es un tema en el que no entra en realidad, lo que dice es que, analizando el caso de que hubiera una cláusula abusiva en la hipoteca ejecutada (por ejemplo, relativa a los intereses de demora o la causa de vencimiento anticipado) el deudor no estaría suficientemente protegido o incitado  para impugnarla, dado que debería poder hacerlo en la propia ejecución y no puede, sino que ha de irse a un declarativo posterior, lo que es exigirle demasiado esfuerzo. Así se entiende el párrafo 52 de su dictamen: “Especialmente cuando el bien inmueble gravado con la hipoteca es la vivienda del deudor, difícilmente es apropiada la sola reclamación de indemnización por daños y perjuicios para garantizar eficazmente los derechos reconocidos al consumidor en la Directiva 93/13. No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el hecho de que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda y la pérdida de la propiedad y el desalojo subsiguientes, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios” (párrafo 52).”

 

3.- La sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013

 

La sentencia  acoge como hemos dicho las tesis de la Abogado General: es contraria a la Directiva europea la normativa española que impide al juez que esté conociendo del proceso declarativo para verificar si una cláusula es abusiva o no, el adoptar medidas cautelares, en especial la suspensión del procedimiento de ejecución, si así lo estima conveniente, para garantizar que cuando dicte sentencia éste vaya a tener efectividad.

 

Es decir, que lo que el TJUE considera ilegal es que el juez que conozca del declarativo que –en su caso- se hubiera interpuesto por el deudor para anular cláusulas que considera abusivas, no pueda hacer nada para paralizar la ejecución.  A partir de hoy mismo, el juez tiene ya esta posibilidad porque la sentencia es inmediatamente aplicable. Y esto significa varias cosas, como pone de relieve la nota dada a conocer por el propio TJUE:

Que por tanto el TJUE no dice que la ejecución hipotecaria como tal, o que el desahucio del poseedor de inmueble consecuencia e aquél, sea ilegal o esencialmente injusto. Es un asunto que no toca. Lo que dice es que, si el contrato contiene cláusulas declaradas judicialmente abusivas– y solamente en ese caso- es totalmente injusto que la ejecución siga como si nada hasta que se compruebe este hecho y se aclare si lo son o no, porque pone en una situación de extrema desventaja al deudor.

 

– Consecuencia de ello, es que si no se alega la existencia de cláusulas abusivas, o si, alegadas, se desestiman judicialmente, la ejecución proseguiría con todas sus consecuencias, incluido el desahucio. Por esta razón, la sentencia no supone que se paralicen automáticamente todas las ejecuciones hipotecarias ni que el deudor vaya a dejar de responder con todos sus bienes de la deuda, conforme al art 1911 CC.

 

– Para que se paralice, repito y disculpen la insistencia, es preciso que el deudor, a su costa, interponga un procedimiento declarativo aparte y diferente al ejecutivo hipotecario, en el juzgado que corresponda, que el mismo se tramite, y que este segundo juez, entre las medidas cautelares, ordene al primer juez la paralización de la ejecución (porque ahora sí puede ordenar esto). Y es que el sistema de anulación judicial de cláusulas abusivas es kafkiano, y así lo denuncié en el post El abusivo sistema de anulación de cláusulas abusivas: requiere que el consumidor pleitee a su costa contra la entidad en un proceso que puede ser bastante largo y  de resultado no tan predecible (y si no, recuerden la cuestión de la cláusula suelo en las hipotecas), como bien dice este artículo de Jot Down.

 

 

– Ahora bien, hay una cuestión importante. Quizá podría plantearse que fuera el propio juez que conoce la ejecución el que directamente y por su propia iniciativa (aunque el deudor no lo pidiera), paralizara la ejecución por considerar que pudiera haber cláusulas abusivas, entrando en el fondo de la adecuación o no del contrato a la normativa de protección al consumidor. Y es que existe otra sentencia del TJUE, de 14 de junio de 2012, de la que ya me ocupé en este otro post: Armas para el deudor bancario ejecutado: la justicia europea agita el sistema de anulación de cláusulas abusivas, que viene a decir dos cosas a mi entender importantísimas, si se considerara que es aplicable a las hipotecas (y yo creo que sí lo es):

 

El juez nacional debe, de oficio y en cualquier procedimiento incluso ejecutivo, apreciar la existencia de una cláusula abusiva, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios.

 

 – Si una cláusula se considera abusiva (por ejemplo intereses de demora muy elevados), el juez no puede moderarla o adaptarla para que deje de ser un abuso, es nula completamente y no debe aplicarse.

 

Si fuera aplicable esta sentencia de junio 2012 a las hipotecas, entonces sí estaríamos en presencia de un cambio radical: el mismo juez ante el que se pidiera la ejecución podría, por ejemplo, valorar si el interés de demora es abusivo, y en ese caso, no es que los pudiera moderar o rebajar, sino que los anularía completamente (a salvo siempre recursos y apelaciones).

 

Y finalmente, una pregunta que muchísimas personas están haciendo ¿qué va a pasar tras esta sentencia con los miles de ejecuciones que se han realizado y terminado, y con las personas que han sido desahuciadas? Es un asunto complejo, evidentemente. Mi opinión, siempre provisional, es que en realidad la sentencia no les afecta directamente, porque como hemos repetido, no está declarando que estos procedimientos ejecutivos sean en sí mismos contrarios a la normativa europea, sino que, si hay uno en marcha y el deudor alega el carácter abusivo de una cláusula, el juez debe tener la facultad de pararlo hasta que se termine.

 

Es decir, entiendo que los ya ejecutados y expulsados tienen ahora las mismas armas que antes, pero no más: acudir a un declarativo para pedir la nulidad de ciertas cláusulas de su antigua hipoteca,  y si ganan, pedir la restitución del inmueble si fuera legalmente posible, o la indemnización por daños. Pero seguro que hay otras opiniones, que será muy ilustrativo conocer.

 

 

4.- Algunas posibles cláusulas abusivas

 

La sentencia finalmente da algunas claves para saber cuándo pudieran ser abusivos un interés de demora elevado, un vencimiento anticipado demasiado sensible, o el hecho de que el banco pueda por sí mismo determinar con efectos ejecutivos la deuda. Recomiendo la explicación que da la nota del TJUE.

 

Para el futuro cercano habrá que estar atentos a la anunciada reforma de la legislación hipotecaria anunciada hoy, que se supone que incorporará la doctrina de la sentencia y,  quizá, otras reformas.

FIADORES EN LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS

La Magistrada María Revuelta Merino, titular del JPI 2 de Écija, desestima la ejecución hipotecaria frente a un fiador solidario (avalista) por falta de legitimación pasiva.
Muchas entidades, de manera errónea y premeditada, dirigen la ejecución contra el hipotecante y los avalistas /fiadores solidarios para conseguir en un sólo procedimiento zanjar la deuda (mediante el bien hipotecado y el resto de bienes de los avalistas). Lo cierto es que el artículo 681 de la LEC no contempla esta posibilidad.
Además, según nos informan los letrados Enrique Osuna y Francisco Rosa Lucena, “la reforma reciente de la LEC (ART. 685. PÁRRAFO 5º) obliga a notificar la ejecución a los avalistas y fiadores solidarios, por lo tanto del tenor literal de la Ley y siguiendo la interpretación teleológica de la reforma, esta práctica es ilegal.”
A pesar de ello, y  aunque la “jurisprudencia menor” se inclina por esta postura, todavía hay errores en este aspecto, y jueces que lo permiten. Sin embargo, el Auto de la Magistrada María Revuelta Merino, claro, didáctico y extenso,  arroja luz a la actual situación y resuelve a favor de los avalistas condenando en costas a la entidad.

clausulas suelo

La banca aguarda expectante el fallo que podría acabar con la cláusula suelo

Madrid, 24 oct (EFE).- Desde hace tres meses, la banca aguarda con expectación la respuesta que debe dar la juez de lo Mercantil número 11 de Madrid a la macrodemanda interpuesta por 15.000 afectados por las cláusulas suelo, aunque muy consciente de que son muchas las posibilidades de que finalmente decida eliminarlas.

El pasado 24 de junio quedaba visto para sentencia el procedimiento abierto en 2010 a raíz de la demanda formulada por Adicae, que inicialmente se dirigió contra 101 entidades bancarias, que después quedaron en 35 fruto de los procesos de fusión.

De ellas, BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia -hoy rebautizada como Abanca- y, posteriormente, Banesto y Barclays, dejaron de aplicar esta cláusula que impide a los hipotecados beneficiarse íntegramente de las rebajas del euríbor tras la sentencia del Supremo de 9 de mayo de 2013, que anuló todas aquellas que no cumplieran con los requisitos de transparencia.

Otro ejemplo reciente es Bankia, que ya ha eliminado este suelo en unas 30.000 hipotecas, lo que para la entidad no supone “un gran impacto”, ya que solo representan entre un 3 % y un 4 % de su cartera de préstamos hipotecarios.

Las partes esperan de forma inminente un fallo, conscientes de que la juez Carmen González, que recientemente tumbó todos los recursos presentados por la banca contra el auto en el que rechazó varias cuestiones procesales planteados por los demandados, decida con casi toda probabilidad eliminarlas.

De hecho, CaixaBank ya se ha adelantado al pronunciamiento de la magistrada y anunció el viernes que erradicará todas las cláusulas suelo de los contratos de sus clientes particulares, una decisión que afectará a unas 200.000 de las 1,3 millones de hipotecas que tiene activas.

Por el contrario, otras entidades como Popular o Sabadell se resisten a hacerlo, al igual que otros bancos de menor tamaño como BMN, Ibercaja o Unicaja.

Ahora, la gran duda radica en si, una vez eliminadas, las entidades deberán devolver con carácter retroactivo todas las cantidades que han cobrado de más y no desde el día en el que el Supremo dictó su famosa sentencia, tal y como el Alto Tribunal especificó en una aclaración a la misma el pasado mayo.

Y es que desde entonces, los tribunales españoles han fallado de manera muy dispar, de forma que algunos han ordenado la restitución de todo el dinero desde la firma misma del contrato, aunque fuese anterior al 9 de mayo de 2013, y otros se han ajustado al criterio del Supremo.

Tal ha sido la controversia que el asunto está ya en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que varias Audiencias Provinciales, como la de Alicante, Álava o Zamora, han consultado para que se pronuncie con celeridad si los afectados deben recuperar todo o parte de su dinero.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe se muestran optimistas con la decisión que debe tomar la Justicia Europea, y sostienen que dada la normativa comunitaria y la propia doctrina del TJUE en materia de protección de los consumidores, declarará la retroactividad.

BANCO SANTANDER MULTADO

Banco Santander multado por decisión de Tribunal Supremo

El banco español Santander fue multado este miércoles con un millón de euros (1,1 millones de dólares) por incumplimiento de las leyes respecto al lavado de dinero y financiación del terrorismo, además de intentar retrasar la denuncia de las autoridades competentes.

En consejo de ministros había aprobado la multa contra el mayor banco de la zona euro, por capitalización bursátil, por una “falta muy grave”, constatada por el Tribunal Supremo de España. La institución bancaria pidió que la publicación de esta medida cautelar no fuera hecha hasta conocerse el resultado de su apelación.

Un mensaje oficial reza: “la representación procesal de la sociedad Banco Santander SA, interpuso con fecha 31 de julio de 2015 el presente recurso contencioso-administrativo (…) contra el Acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de junio de 2015, por el que se resuelve el expediente sancionador incoado a dicha entidad, imponiéndole una multa de un millón de euros y amonestación pública, como responsable de una infracción muy grave, prevista y sancionada por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo”.

Esta medida habría sido tomada en aras de la transparencia y por el efecto negativo sobre la imagen de la banca.

CONDENA AL SANTANDER

El Supremo condena a Santander a pagar 600.000 euros por la errónea liquidación de un producto estructurado

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo ha condenado a Banco Santander (EUREX: 817651.EXnoticias) a pagar 600.000 euros a unos clientes que contrataron un depósito referenciado a la variación de fondos Optimal, afectados por la estafa de Madoff, cuya liquidación no se realizó de manera adecuada.

Según la sentencia, que estima parcialmente el recurso de los afectados, el banco no liquidó el producto estructurado contratado “conforme al valor liquidativo del fondo fijado y publicado en el sistema de información electrónica Bloomberg el 11 de diciembre de 2008”, referido a la fecha de cancelación anticipada, establecida para el 28 de noviembre de 2008.

Los demandantes, defendidos por el letrado Juan Antonio Alcaraz Montesinos, contrataron el 18 de mayo de 2006 el producto financiero estructurado Multiestrategia Optimal por 600.000 euros.

El contrato, firmado el 18 de mayo de 2006, iniciaba su vigencia el 31 de mayo y el vencimiento inicialmente previsto esta fijado para el 30 de noviembre de 2009. Sin embargo, incluía una cláusula que permitía la cancelación anticipada del contrato cada seis meses a partir del inicio de su vigencia mediante una notificación por escrito con una antelación mínima de 80 días.

AFECTADO POR EL CASO MADOFF

Así, el 24 de julio de 2008 los demandantes dieron la orden de venta para la cancelación anticipada del contrato el 28 de noviembre de 2008, pero cuando llegó la fecha prevista para la liquidación (9 de enero de 2009), ésta no se realizó porque a mediados de diciembre de 2008 había estallado el llamado “escándalo Madoff”, que había afectado a uno de los fondos en que los afectados habían invertido su dinero.

La resolución jurídica señala que durante la tramitación del proceso en Primera Instancia, Banco Santander pagó a los demandantes 220.199,96 euros en concepto de liquidación del producto estructurado.

Una vez analizada la causa, la Sala estima que la cuestión es aclarar si, una vez que fue publicado en el sistema de Bloomberg el dato que, según el contrato, permitía fijar la cantidad que debía ser reembolsada por Banco Santander a los demandantes como importe por su producto estructurado, hechos como el fraude Madoff podrían ser “opuestos” por la entidad a quién contrató con ella.

Así, la sentencia subraya que “al tratarse de una cuestión oscura”, en tanto que no estaba prevista en el contrato, “es correcta la tesis de los recurrentes de que debió aplicarse el artículos 1288 del Código Civil” y tener en cuenta que “los riesgos acaecidos con posterioridad a la fecha de cancelación a la que debía ir referida la fijación del valor liquidativo del fondo no debían perjudicar al cliente, como tampoco estaba prevista que le beneficiaran revalorizaciones imprevistas y sorpresivas acaecidas entre esa fecha y la de liquidación”.

ADICAE Y COMISIONES DE BANCOS EN CAJEROS

ADICAE sigue recogiendo adhesiones para la acción colectiva contra la doble comisión en cajeros de CaixaBank

La asociación continúa recogiendo justificantes del cobro de esta comisión ilegal a través de http://reclama.adicae.net/comisionescajero.html. El Banco de España ya debería haber intervenido y sancionado? a CaixaBank, indica Manuel Pardos, presidente de ADICAE.

23-09-2015

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ADICAE continúa perfilando la acción colectiva contra la doble comisión por sacar dinero en cajeros automáticos impuesta por CaixaBank. Así, la asociación ya ha recogido casi 100.000 firmas a través de la plataforma Change.org , y continúa recogiendo justificantes del cobro de esta comisión ilegal mediante la aplicación ‘Reclama‘, en la que se ha creado un apartado específico para este caso: http://reclama.adicae.net/comisionescajero.html

Tras rellenar un breve formulario y adjuntar la imagen del comprobante bancario -justificante de la operación o imagen de la cartilla bancaria- que muestre el cargo de 2 €, el usuario envía en un solo clic una queja a CaixaBank y se une automáticamente a la reclamación colectiva de ADICAE para exigir la devolución del dinero.  Esta vía cuenta con el respaldo y la seguridad de una organización como ADICAE.

Los perjudicados por este doble cargo también pueden dirigirse a cualquiera de las sedes de ADICAE repartidas por la geografía nacional para entregar allí el justificante. Asimismo, también pueden enviar el justificante del cobro de la comisión al correo electrónico consultas@adicae.net o llamar al teléfono 91.082.03.54 si tienen alguna duda.

Para el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, “CaixaBank ha subido unilateralmente la tasa de intercambio que ya cobraban los bancos por sacar dinero en cajeros automáticos que no sean propiedad de nuestra entidad bancaria, lo que provoca que esta comisión se triplique en algunos casos. Y todo porque los bancos no se han puesto de acuerdo en cómo se cobran estas comisiones”.

Pardos critica la inacción del Banco de España, que “ya debería haber intervenido, puesto que hay un cobro de dos comisiones y esto es ilegal. No ha querido actuar de inmediato y ha pedido al Tesoro que cambie la normativa, algo que no sería necesario pero no ha sancionado a CaixaBank”, enfatiza.

Esta comisión se une a la que ya cobran la mayoría de los bancos a sus clientes por sacar dinero en cajeros de otra entidad (una comisión que se reparten, en este caso, entre CaixaBank y ‘nuestro’ banco). Y, según la normativa bancaria, cobrar dos veces por lo mismo es ilegal.